El desentendimiento de España por el Sáhara Occidental

Censura de Marruecos a la prensa española, torturas a los saharauis contrastadas por Human Rights Watch, denuncia de una activista española al genocidio que se está cometiendo y pese a todas estas evidencias el Gobierno español dice que no debe condenar al reino alauí hasta no conocer los hechos. Y me pregunto: qué más quieren conocer y cómo. Acaso han visualizado demasiadas películas de Al Capone y quieren pruebas fehacientes. A qué están esperando, a qué Marruecos confiese que está torturando a una población. Pocos dictadores en la historia de la humanidad han confesado sus crímenes a la comunidad internacional.


Antes de que las fuerzas marroquíes iniciaran el asalto y desmantelamiento al campamento de Gdaim Izik, cerca de Alaauín, el pasado 8 de noviembre, donde unos 200.000 saharauis protestaban de forma pacífica por mejoras socioeconómicas como el acceso a una vivienda y a un trabajo, el reinado marroquí ya lo advirtió. Mohamed VI, rey de Marruecos, dijo que no está dispuesto a renunciar ni a un grano de arena del Sáhara Occidental.

Efectivamente, demostró la transcendencia de esta afirmación concluyendo con el fin del alto fuego que imperaba desde 1991. Las cifras de las muertes producidas en este enfrentamiento son muy dispares, mientras el Frente Polisario habla de cientos de saharauis muertos, las fuerzas del orden de Marruecos sólo hablan de 12, dos saharauis y 10 marroquíes.

Según los dos últimos activistas extranjeros que regresaron hace días del Sáhara Occidental, Marruecos está cometiendo un claro genocidio y aunque los asaltos han disminuido o estabilizado, la población vive en un estado de sitio desde el 16 de noviembre. A estas denuncias, se unen las de un español, Ahmed Salem Lecuara, sobre las torturas que recibió a manos de los oficiales marroquíes. Y es más, un representante de Human Rights Watch, única organización autorizada por Marruecos para entrar a El Aauín, contrastó después de visitar la zona y hospitales que muchos saharauis les han golpeado hasta dejarlos inconscientes.

Además, la prensa española ha sido deportada del país y se prohíbe su entrada al país por tratarse de un peligro para la nación marroquí. Está claro que Marruecos está ocultando a España lo que está sucediendo y el Gobierno español se tapa voluntariamente los ojos y mira para otra parte. La responsabilidad de las autoridades españolas sobre una colonia, que después en 1958 se convirtió en una provincia española, no es sólo moral o ética sino cívica. Pero parece que los intereses comerciales y políticos prevalecen sobre el respeto a los derechos humanos.

Así mientras los ciudadanos españoles salen a las calles para denunciar el asalto marroquíes, el Gobierno español continúa con su cobardía de no querer reconocer la realidad del mismo modo que pasó con la crisis económica española.

Y Marruecos, en su afán de encontrar un motivo que justifique la violencia y represión al pueblo saharaui, llegó al extremo de insinuar que había indicios de terrorismo islámico en Sáhara Occidental. El Gobierno de Estados Unidos ya desmintió estas acusaciones.

Las negociaciones entre Marruecos y el Frente Polisario siguen en la misma línea de los últimos 30 años, no se concreta nada, mientras España se desentiende y la ONU se muestra incapacitada para lograr una solución. Cuánto más debemos esperar y cuántas personas deben morir para que España tome partido.